Alrededor de 3,7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares en los últimos años en medio de un complejo panorama político y económico, lo que ha generado el mayor número de refugiados y migrantes en la región durante la última década. Cerca de 2.7 millones venezolanos residen actualmente en América Latina y el Caribe.

Aunque la atención internacional se ha centrado en gran medida en los países fronterizos, las islas del Caribe están recibiendo un número significativo de migrantes y refugiados. Muchos llegan después de enfrentar rutas altamente peligrosas tanto por tierra como por mar. Esta dinámica migratoria aumenta el grado de vulnerabilidad a la explotación, la trata de personas y el abuso.

Dado que la salida sigue siendo alta, el Caribe tiene la oportunidad de beneficiarse significativamente de la integración de esta población de manera adecuada y regulada mediante la adopción de políticas en todos los niveles que promueven el acceso a servicios sociales, educación, mercados laborales e integración cultural.

“Los migrantes son miembros productivos de la sociedad, en general. Hay muchas historias de éxito de migrantes. Los migrantes contribuyen a la sociedad. Por lo tanto, intentaremos fortalecer la capacidad de las comunidades de acogida e integrar a los migrantes y apoyar al gobierno ", dijo Robert Natiello, Oficial de Coordinación Regional de la OIM para el Caribe.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, el 90% de los migrantes venezolanos tienen estudios técnicos o profesionales, lo que contribuye positivamente a los sectores.

La integración de esta población puede aportar solidez económica, así como aumentar las contribuciones a los pagos de la seguridad social y otros servicios públicos al país anfitrión. Pueden reactivar las economías de varias maneras: aportando innovación, ideas e inversión, así como aportando nuevas y diversas habilidades y experiencia.

Socios y gobiernos anfitriones ya han emprendido varias iniciativas en el Caribe para mejorar la integración:

  1. Facilitar el acceso a los servicios médicos, incluidos los servicios especializados para apoyar los casos de violencia de género (VGG) y las víctimas de la trata, y brindar apoyo psicosocial y servicios de asesoramiento.
  2. Abogar por permisos de trabajo accesibles a los venezolanos para promover la autosuficiencia económica y reducir la explotación.
  3. Realizar consultas con las autoridades pertinentes sobre la inclusión de los venezolanos en los programas de medios de vida públicos existentes y permitir el acceso a los servicios públicos.
  4. Ofrecer espacios de aprendizaje a niños migrantes y refugiados de primaria y secundaria.
  5. Actividades de sensibilización sobre protección internacional de refugiados para trabajadores del sector público.

A medida que los eventos continúan desarrollándose, es clave recordar que los refugiados y los migrantes son titulares de derechos, y su integración económica y social representa un impulso potencial a nivel nacional y regional por igual. Si bien el cambio puede ser desalentador, la historia ha demostrado que las personas y los países pueden encontrar fuerza en la diversidad.